No hay nada menos general en política que el interés general. O eso parece, a juzgar por la forma que tienen nuestros cargos públicos de entenderlo. Hace algo más de una semana Pedro Sánchez se aferraba al interés general para justificar que no anticipara las elecciones legislativas previstas para mediados de 2027. Ironizaba incluso al sostener que, de convocarlas, su interés no sería general, sino partidista, dado que estaba convencido de arrasar en las urnas. (Al poco, por si alguien dudaba de ello, un sondeo del CIS vino a recordarnos que, a pesar de todos los pesares socialistas, que son muchos en estos momentos, el PSOE sacaría 11 puntos porcentuales de ventaja al PP en caso de celebrarse ahora los comicios.) Y si esto afirmaba Sánchez, Aitor Esteban, presidente del PNV, no le andaba a la zaga y declaraba, a modo de réplica, que la legislatura había llegado a su fin y que sólo a él, en tanto que presidente del Gobierno y en aras del interés general, correspondía disolver las cámaras y convocar elecciones.
Basta sin duda este ejemplo para comprobar lo lejos que está nuestra clase política de usar con propiedad el concepto de interés general. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, interés general es un “concepto que resume las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos”. Salta a la vista que no es el caso. Ni para el uno ni para el otro. A Sánchez el término le servía para justificar la no convocatoria de elecciones anticipadas; a Esteban, para justo lo contrario. En ambos casos, pues, el interés no era general, sino privativo. El primero lo utilizaba para permanecer a toda costa en el poder; el segundo, para seguir vaciando de competencias el Estado en provecho de una comunidad autónoma que aspira a alcanzar la plena soberanía y cada vez se halla más cerca de lograrlo.
Cuando se cumplen ocho años del acceso de Sánchez al poder, el número de ocasiones en que sus gobiernos o las mayorías parlamentarias que los sostienen han incumplido “las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos” no tiene precedente en nuestra democracia. La lista es larga, por lo que me limitaré, a modo de inventario, a dos de los casos en que el interés general ha sido escandalosamente pisoteado. De un lado, los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno no ha presentado en lo que llevamos de legislatura, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución –que establece que tengan carácter anual–, ante la evidencia de que no iban a ser aprobados por las Cortes –por lo que hoy continúan vigentes los de 2023, aprobados a finales de 2022–. (El reciente anuncio de Sánchez de que el Gobierno iba a presentar los del año próximo a sabiendas de que no van a ser aprobados no deja de ser un intento más de aparentar normalidad ante el infierno judicial que cerca a su entorno político y familiar.) De otro lado, el recurso a los decretos-leyes, que la Carta Magna reserva a casos “de extraordinaria y urgente necesidad” y de los que el Gobierno ha hecho un uso a todas luces desmedido para acortar al máximo la duración de las tramitaciones parlamentarias de cada una de las leyes en cuestión.
Descartada, pues, cualquier apelación al interés general jurídicamente establecido para justificar una convocatoria anticipada de las elecciones por parte del jefe del Ejecutivo, sólo queda preguntarnos si a Sánchez puede interesarle adelantarlas. O sea, si puede convenirle con vistas a prolongar su residencia en La Moncloa –dado que no cabe imaginar otro interés, tratándose de quien se trata, que el muy privativo de su propia persona–. A priori, no parece que el tiempo juegue a su favor. Cada día que pasa nos despertamos con una muesca más en la multiplicidad de casos abiertos. Cada mes se publican nuevos sondeos que registran un crecimiento sostenido de las expectativas electorales de las fuerzas de oposición. A medida que la izquierda va perdiendo efectivos, la derecha los va ganando. Y luego está el partido, donde cunde el miedo a perder, no ya las generales, lo que casi se da por descontado, sino las autonómicas y municipales.
Aun así, no parece que el One esté por convocar elecciones. Prefiere quemar las naves –léase Estado de derecho, pero también PSOE e izquierda española en su conjunto– antes que reconocer el final de su aventura política. Hay quien sostiene que el miedo a una posible imputación sin contar con los resortes del poder –esos resortes desde los que habría movido, como acabamos de conocer, una trama criminal contra los pilares del propio Estado de derecho– es lo que le impide convocarlas ya. Quién sabe. También podría estar barruntando una retirada a lo Zapatero en 2011, cuando la crisis económica y la amenaza de una intervención por parte de la Unión Europea y sus hombres de negro. Entonces la dimisión de la presidencia del Gobierno del hoy imputado expresidente llevó aparejado el anuncio del adelanto electoral, su renuncia a la reelección y la designación, por parte del Comité Federal, de Alfredo Pérez Rubalcaba como sustituto. ¿Es capaz Pedro Sánchez de hacer algo parecido, coger un Bolaños o un Puente cualquiera y decirle “calienta, que sales”? ¿Es capaz de aceptar, en fin, que los españoles no le quieren o, lo que es mismo en su caso, que ya no es el más guapo?
El tiempo dirá.